Con cada vez más población extranjera, Murcia ha recordado a España su gran dilema: integrar o vetar
España es (cada vez más) una tierra de inmigrantes. Si el padrón nacional está creciendo y acaricia ya los 50 millones de habitantes es básicamente por el empuje de la población nacida en el extranjero, que compensa el pinchazo de la natalidad. A medida que se vuelve más diversa y combina tradiciones culturales y religiosas diferentes, España se enfrenta sin embargo a un reto urgente: decidir qué postura adoptar ante esa mezcolanza, cada vez más palpable en espacios públicos.
En Jumilla, Murcia, ese debate acaba de prender con fuerza.
Pendientes de Jumilla. Jumilla es una localidad de la comarca del Altiplano murciano de casi 27.300 habitantes famosa por sus vinos y peras. Hoy sin embargo protagoniza titulares en medios de todo el país (y alguno extranjero) por una razón bien distinta: su Ayuntamiento ha aprobado una medida que impedirá a los cientos de musulmanes que residen allí (más o menos el 7,5% de sus habitantes procede de países en los que esa creencia es mayoritaria) celebrar festividades religiosas en el polideportivo municipal, como han estado haciendo en los últimos años.
«Ajenas e incompatibles». Para entenderlo hay que remontarse unas cuantas semanas atrás, a cuando VOX, con un único concejal en la corporación, presentó una propuesta «en defensa de la identidad española». El texto puede leerse íntegro en la cuenta de X de VOX Murcia pero básicamente planteaba que el Consistorio vetase la celebración de la Fiesta del Cordero u «otras conmemoraciones ajenas a nuestras tradiciones» por ser «incompatibles con la identidad […] española».
¿Salió adelante? La propuesta pasó por el pleno a finales de mes, con la negociación de los presupuestos locales como telón de fondo, y dio pie a un debate durante el que el PP presentó una enmienda que se validó con los votos populares, la abstención de Vox y el rechazo de los ediles del PSOE e IU-Podemos-AV.
¿Qué planteaba la enmienda? A grandes rasgos, «insta al equipo de Gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales». No solo eso. El texto también desliza que el Consistorio retocará el reglamento que regula el disfrute de las instalaciones deportivas para que se dediquen «exclusivamente» a eventos organizados por el propio municipio y deja claro que «en ningún caso» se destinará a «actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento».
Suficiente para que la medida haya generado un revuelo considerable.
«¿Aparece la palabra musulmán?» A la vista de la gran polémica que se ha generado y de que lo ocurrido en Jumilla ha tenido eco incluso en las páginas de The Guardian, el Gobierno municipal, en manos del PP, no ha tardado en salir a calmar los ánimos. «No va de religión ni de nacionalidad», reivindicaba ayer su portavoz, Maricarmen Cruz, en declaraciones recogidas por RTVE. «¿Dónde aparece la palabra musulmán, dónde aparece la palabra prohibición?»
El Consistorio argumenta que el pueblo tiene una gran actividad deportiva y necesita que sus pabellones se centren en ese uso. Quien quiera celebrar otro tipo de actos necesitará buscarse otro lugar. «No hemos vetado nada», recalca Cruz. «Jumilla tiene más espacios. ¿Quién ha dicho que se tenga que centralizar ahí?»
«Tierra de raíces cristianas». La realidad es que la enmienda aprobada en el pleno complica que los cerca de 1.500 musulmanes que viven en el pueblo celebren el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en el polideportivo del Ayuntamiento, como han hecho durante los últimos cuatro años. «La medida viene de donde viene, de una moción bochornosa y racista de VOX. El PP lo que ha hecho es blanquearla», denuncia la exalcaldesa y portavoz local del PSOE.
Lo cierto es que la formación de Abascal no ha tardado en sacar pecho por lo que considera una medida pionera que «impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos». «¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas», subrayaba ayer la formación en X. El Ejecutivo central ya ha avisado que supervisará «muy de cerca» los efectos del acuerdo en busca de «discursos de odio» y la población musulmana de Jumilla no oculta su inquietud: «Nos han quitado un sitio donde rezar y ahora es un erzo, pero no sabemos qué más nos pueden quitar mañana».
«Es una discriminación». El debate es lo suficientemente interesante (y amplio) como para haber alcanzado a la Iglesia católica. El País se hace eco hoy del malestar de los obispos españoles por la moción de Jumilla, un texto en el que no se cita ninguna confesión pero sí se restringe el uso de espacios públicos para actos religiosos. «Atenta contra los derechos fundamentales de cualquier humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas», advierten los prelados católicos. «Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».
Más allá de Jumilla. El caso de Jumilla llega solo unas semanas después de los disturbios de Torre Pacheco, también en Murcia, que dejaron una ola de violencia dirigida a la población magrebí. Ambos caso reflejan una realidad que trasciende la comunidad murciana y apunta a uno de los grandes desafíos que tiene España por delante: con una población inmigrante en claro ascenso (entre las nacionalidades que más crecen figuran además la marroquí y argelina), el país debe decidir qué postura asumir ante las nuevas manifestaciones identitarias y religiosas.
Y eso afecta tanto a los inmigrantes recién llegados como a sus hijos, nacidos en España y que conservan su legado. En el horizonte cercano asoman debates como qué actitud adoptar ante fiestas ligadas a otras culturas y la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos (hiyab sí o no) o incluso en los cementerios.
Dos modelos: Francia y Reino Unido. España tiene dos modelos próximos a los que mirar, el de Francia y Reino Unido. El primero ha optado por ejemplo por una normativa restrictiva sobre el uso del hiyab que ha llevado a situaciones como la vivida el verano pasado, cuando Sounkamba Sylla estuvo a punto de quedarse fuera de la ceremonia inaugural de los JJOO por su deseo de acudir con velo.
La postura del Gobierno ya le ha valido de hecho algún toque de Amnistía Internacional, que advierte que prohibir el hiyab en los deportes va en contra de los derechos humanos. La postura es algo distinta en Reino Unido, donde son los centros escolares los que disponen de autonomía para decidir las normas sobre los códigos de vestimenta. Ambas posturas plantean desafíos y dejan botando un debate acuciante que estos días ha reverdecido en Jumilla.
Imágenes | AMISOM Public Information (Flickr) y Wikipedia
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Con cada vez más población extranjera, Murcia ha recordado a España su gran dilema: integrar o vetar
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por
Carlos Prego
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